Manifestamos nuestra satisfacción por la aprobación unánime y
definitiva de la proposición de Ley de modificación del Texto Refundido de la
Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión
Social, para regular y establecer la accesibilidad cognitiva y sus condiciones
de exigencia y aplicación.
Con esta iniciativa se modifica el texto refundido del Real
Decreto Legislativo 1/2013 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
con el objetivo de recoger de forma expresa el derecho de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo a acceder a la información y al
conocimiento de su entorno, de cara a hacer posible su inclusión y
participación social.
En su paso por el Senado la proposición de ley incorporó varias
enmiendas, por ello ayer 17 de marzo volvió al Congreso de los diputados para
su ratificación. Gracias a esta proposición, ya se reconoce la accesibilidad
cognitiva dentro del marco general de la accesibilidad universal; se establecen
los pictogramas y la lectura fácil como apoyos complementarios; se determinan
los ámbitos, condiciones y plazos en los que será exigible esta accesibilidad;
se prevé la creación del Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad
Cognitiva, y se contempla un plazo de tres años para que el Gobierno apruebe el
desarrollo reglamentario que garantice este derecho, tras la realización de los
estudios pertinentes.
Promovida
por el CERMI, esta proposición de ley inició su tramitación hace casi dos años
en el Senado, impulsada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
Tras
su toma en consideración en la Cámara Alta por unanimidad en junio de 2020, la
proposición pasó al Congreso de los Diputados, donde estuvo bloqueada varios
meses hasta que finalmente salió adelante por consenso, tras incorporar varias
enmiendas transaccionales promovidas por los grupos de PSOE y Unidas Podemos.
Por último, de vuelta en el Senado, el informe elaborado por la ponencia incluyó varias enmiendas para recoger en el preámbulo una definición de accesibilidad cognitiva y de lo que se entiende por lectura fácil; la aprobación del segundo Plan Nacional de Accesibilidad, dirigido a que todas las administraciones “acometan de forma paulatina la transformación de sus productos y servicios" que garanticen que son 100% accesibles a todas las personas con discapacidad, y ciertas modificaciones referidas a las competencias autonómicas.
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